Una ley transformaría a los ciudadanos de Costa Rica en conejillos de experimentación farmacéutica.

experimento_humanosLa ley de investigaciones en humanos divide a la sociedad costarricense y podría transformar a los ciudadanos de Costa Rica en ratones de laboratorio.
Según la catedrática de la Universidad de Costa Rica, María Eugenia Venegas : “No hay una exigencia ética y científica. Aquí hay intereses comerciales muy poderosos, ya que un médico que haga 4 (cuatro) ensayos clinicos al año, y que esos ensayos tengan alrededor de 24 pacientes, tienen una ganancia anual de 800.000 dólares (ochocientos mil dólares). El negocio es muy fuerte.”

Se espera que este jueves se haga público el reglamento a la Ley de Investigación Biomédica en Costa Rica, una nueva normativa que permite al país centroamericano reanudar los ensayos experimentales de medicamentos en humanos.

Esta ley establece pautas legales y requisitos para la participación de personas en proyectos de investigación médica y de experimentación farmacéutica.

No obstante, la idea de reactivar estas prácticas, que fueron prohibidas en 2010 y que todavía se encuentran en etapa de discusión, ha provocado arduos debates en la sociedad. Unos están en contra por el riesgo que representaría para los pacientes, mientras que otros ponen sus esperanzas en estos experimentos.

Según los académicos, la nueva ley está hecha a la medida de la industria farmacéutica, donde los intereses comerciales podrían prevalecer sobre las obligaciones morales.

“No hay una exigencia ética y científica que nos garantice que esas investigaciones se van a hacer protegiendo a las personas en su totalidad. Aquí hay intereses comerciales muy poderosos (…), es un negocio muy fuerte”, opina María Eugenia Venegas, catedrática de la Universidad de Costa Rica.

Mucha fue la crítica que ha recibido esta ley ante el temor de que ponga a determinadas personas en una posición de vulnerabilidad ante las investigaciones. Uno de los aspectos más repudiados es el que expondría a los privados de libertad a la merced de experimentos en ciertas condiciones, y por la carencia de controles en los casos de personas discapacitadas o niños abandonados. En algunas situaciones, participar en estas investigaciones podría inclusive tener secuelas fatales.

“El interés natural de una empresa farmacéutica es reclutar pacientes, ensayar en sus cuerpos, obtener lo antes posible el medicamento y comercializarlo, si eso tiene efectos colaterales, que muchas personas sufran efectos secundarios e incluso, como en el caso de mi papá, abandonar su tratamiento original, para ellos es un efecto colateral”, afirma José Pablo Cárdenas, hijo de una víctima de las investigaciones clínicas.

Cárdenas cree que aprovecharse de la desesperación de las personas enfermas y tergiversar la información sobre las expectativas de los resultados es una práctica habitual de las empresas multinacionales para recibir el consentimiento de los pacientes.

En el otro lado de la balanza, se espera que con esta ley el país recupere pronto las inversiones millonarias en el sector de investigación y revierta su descenso en la clasificación mundial sobre esta materia, provocado por la fuga de talentos y especialistas durante la prohibición. En términos generales, quienes abogan por esta normativa creen que realizar experimentos clínicos en humanos es algo imprescindible para el desarrollo científico del país.

“Creo que el debate es producto más de un problema de desconocimiento del tema que otra cosa, porque probablemente las personas que más necesitan de ese tipo de tratamientos nuevos son aquellos que tienen enfermedades crónicas para las cuales no hay tratamiento. Pero si ni vamos a investigar en esos pacientes, nunca vamos a encontrar cura para su enfermedad”, argumentó por su parte el presidente del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas, Guillermo Rodríguez.

La lista de factores a favor y en contra de los ensayos clínicos en los seres humanos puede ser interminable. Lo más delicado del asunto es que la línea que separa al auténtico crecimiento científico a favor de la humanidad de la búsqueda descarada de ganancias multimillonarias a costa de la humanidad es extremadamente fina.

El prontuario mundial del laboratorio Glaxo

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La multinacional acumula denuncias en todo el planeta por adulterar medicamentos, utilizar chicos con autorizaciones irregulares y provocar enfermedades con sus ensayos clínicos.

GlaxoSmithKline, el laboratorio multado por cometer graves irregularidades en ensayos clínicos con pibes para producir una vacuna, tiene un extenso prontuario. Sus antecedentes penales incluyen denuncias y condenas en Puerto Rico, Estados Unidos, Italia, Alemania, Hungría, Inglaterra, Nueva Zelandia, México. Y la lista sigue. Sanciones que, sin embargo, son cosquillas patrimoniales para un Goliat que nació en el año 2000, producto de la fusión entre las firmas Glaxo Wellcome, poderosa en el rubro químico, y SmithKline Beecham, potencia mundial en el campo de la genética.
Según revistas especializadas en medicina y ciencia, factura por año 27,2 mil millones de dólares. El 84% del total de sus ventas son medicamentos de prescripción y tiene una participación en el mercado mundial del 6,9% en este tipo de remedios. Recorrer el planeta observando su trayectoria demuestra hasta qué punto la firma asume sus errores con la misma lógica que los ejércitos militares aceptan los “daños colaterales” de sus intervenciones.

Un país, una condena. La última multa que recibió GSK fue hace dos meses. La firma acordó en los tribunales de Nueva York pagar tres mil millones de dólares para cerrar tres juicios que le había iniciado el gobierno de Estados Unidos. El periodista Alberto Ferrari, que investiga de cerca al laboratorio, detalla que “esa denuncia surgió por la ilícita comercialización de los antidepresivos Paxil y Wellbutrin y un medicamento contra la diabetes llamado Avandia. Durante el proceso judicial se demostró que los tres remedios provocaban convulsiones y ataques cardiovasculares desde 1999”. El Senado de Estados Unidos, en noviembre de 2010, hizo público un informe que vinculó el consumo de Avandia con decenas de infartos y acusó a Glaxo de “intento de intimidación” a los médicos y ocultamiento de datos sobre los efectos adversos. Por entonces, el medicamento todavía estaba a la venta.
El informe consignó que “Glaxo sabía de la posibilidad cierta de riesgos cardíacos asociados a Avandia” y que sus directivos “desarrollaron estrategias para restarle importancia a los datos que indicaban que Avandia incrementaba el riesgo cardiovascular”. La Food and Drug Administration (FDA), autoridad de control sanitario de Estados Unidos, había ordenado en 2007 un estudio de la Rosiglitazona, la droga base de Avandia, y pese a que un comité de especialistas confirmó que aumentaba el riesgo de infarto, la FDA por 22 votos a favor contra uno, autorizó que se siguiera vendiendo. El informe de los senadores Max Baucus (demócrata) y Charles Grassley (republicano) de noviembre de 2010 confirmó los efectos negativos del medicamento de GSK luego de analizar más de 250 mil documentos. El escándalo de Avandia se había originado el 21 de mayo de 2007 cuando la revista The New England Journal of Medicine reveló que los pacientes que consumían este antidiabético tenían más riesgo de infarto. La denuncia fue avalada por el médico Steven Nissen de la clínica Cleveland. Nissen reveló ante el senado que fue presionado por cuatro directivos de Glaxo en los días previos a la aparición del artículo, para que retirara la denuncia. The New York Times publicó que la “apretada” fue el 10 de mayo de 2007 y reprodujo la versión completa de la reunión, pues el médico le cedió una grabación del encuentro. El periódico aseguró que Glaxo conocía de los efectos adversos desde 1999 y su estrategia fue ocultarlos. La publicación estimó que se podían haber salvado 304 vidas, si no se hubieran escondido los daños provocados por su consumo. Glaxo intentó por todos los medios descalificar las denuncias y en abril de 2010 difundió un estudio favorable a Avandia. Sin embargo, luego se supo que el 87% de los profesionales consultados tenía lazos comerciales con Glaxo, según reveló el diario The Independent, de Londres. La lógica de apretar a los denunciantes es un clásico de GSK. Este cronista pudo confirmar que, luego de las denuncias conocidas esta semana, algunas voces que se alzaron y escribieron sobre la firma, recibieron cartas documento intimidándolos. Esas personas optaron por no contestar las misivas de la empresa y por ello no quieren que se publiquen sus nombres.
En otro caso, la FDA ordenó en marzo de 2010 retirar del mercado la vacuna infantil Rotarix, también de Glaxo, causante de obstrucción intestinal, según una investigación iniciada en México, donde fue probada antes de ingresar al mercado estadounidense.
En Sudáfrica, durante 2001, junto con las multinacionales Aventis y Squibb, GSK presentó una demanda contra el gobierno de Nelson Mandela por violar el monopolio de las patentes y lanzar una campaña de genéricos contra el sida, para atender las necesidades de su población. Esa demanda finalmente fue retirada por la presión de varios países.
La multinacional inglesa también financió estudios violando las normas éticas en el hospital Nyiro Gyula de Budapest, Hungría, donde probó sin consentimiento de los pacientes la sustancia lamotrigina (medicamento para la epilepsia y la bipolaridad) con enfermos maníaco-depresivos, según denuncian los periodistas austríacos Klaus Wernery HansWeiss, en el Libro Negro de las Marcas-El lado oscuro de las empresas globales (publicado por editorial Sudamericana en 2003).
En Italia, una pesquisa realizada tuvo como resultado que 37 empleados de GSK entregaban dinero y regalos a médicos a cambio de recetar sus productos. La información, acallada por la multinacional con avisos publicitarios, sólo fue publicada por British Medical Journal y The Guardian, de Londres, el 13 de febrero de 2003. Entre los obsequios figuraban entradas para el Gran Premio de Fórmula Uno de Montecarlo y viajes al Caribe.
El recorrido lleva a Centroamérica, donde GSK pagó una multa de 750 millones de dólares por distribuir medicamentos contaminados en Puerto Rico. La denuncia ante la Justicia que originó esa investigación fue presentada por Cheryl Eckard, una ex ejecutiva de la multinacional a cargo del sector de control de calidad de la planta que fue despedida a causa de sus advertencias.
En 2002, Glaxo fue demandada en Gran Bretaña por los efectos adversos de su medicamento Zyban, una medicina para dejar de fumar que, según acreditan 10 mil denuncias, provocaba epilepsia, insomnio, depresión y graves problemas coronarios. El mismo medicamento fue vinculado en Alemania con intentos de suicidio y ataques cardíacos. También en Inglaterra, pero en 2003, se inició una investigación sobre el Paxil, al que se le adjudicó propiedades adictivas.
En junio de 2004, el procurador general del Estado de Nueva York, Eliot Spitzer, presentó una demanda por fraude reiterado contra el laboratorio por omitir información sobre los daños que podría provocar el Paxil. Glaxo negó las imputaciones pero meses después aceptó incluir una advertencia con un recuadro negro en los envases de su medicamento.
En marzo de 2007, el laboratorio fue condenado en Nueva Zelanda por publicidad engañosa de su medicamento Ribena.
Las denuncias que soporta Glaxo incluyen a Bolivia, Nigeria y la India. En cada rincón del globo, tiene una o varias demandas, todas con fallos adversos para la firma. En la Argentina también se consigue.

Made in San Fernando. El fallo del juez penal económico Marcelo Aguinsky del 29 de diciembre que ratifica la sanción impuesta a Glaxo por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) en 2008 va en sintonía con la conducta de GSK en todo el orbe. El apercibimiento es de 400 mil pesos para el laboratorio y de 300 mil para los dos médicos que encabezaron la investigación, Héctor Abate y Miguel Tregnaghi. El organismo de contralor detectó que muchos consentimientos otorgados por los padres de los 14.000 chicos que “pusieron el cuerpo” habían tenido –tienen– graves anomalías. Se firmaban los formularios de aceptación sin saber a ciencia cierta en qué consistían esos estudios. Tregnaghi cuenta con antecedentes en Córdoba por esta misma (in)conducta. Jorge Yabkowsky, denunciante en la causa que motivó el fallo de Aguinsky y miembro de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) relata ese caso de 2005: “Tregnaghi reclutaba gente para que se hiciera estudios en el Hospital de Niños de Córdoba a cambio de unos pocos pesos y prometerle una obra social. El entonces intendente Luis Juez lo expulsó del hospital. El médico se fue a Santiago del Estero, donde, al parecer, encontró permisividad para hacer lo mismo con una mecánica muy similar”. Miradas al Sur intentó comunicarse con Tregnaghi pero no obtuvo respuesta.
Ante el currículum de GSK, cuya fábrica está situada en el norte del conurbano, cabe preguntarse si el Estado tiene herramientas para plantear reparos a las investigaciones que realizan estas firmas. La ausencia de una ley específica que regule estos ensayos clínicos delata la respuesta.

FUENTE: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/134944-costa-rica-ley-medicina-investigacion

http://sur.infonews.com/notas/el-prontuario-mundial-del-laboratorio-glaxo

 

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